Y es por cierto es un asunto de relevancia. No está demás recordar las  palabras   del ex Secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan: “No hay seguridad sin desarrollo, no hay desarrollo sin seguridad y no hay ni seguridad ni desarrollo sin derechos humanos” y,  en forma más doméstica pero no menos esclarecida, las del Secretario de cultura, el Dr. José Nun,  cuando en la apertura del II Foro del Bicentenario : Seguridad y Ciudadanía, que se llevó a cabo hace pocos días:   “Hablar de seguridad y ciudadanía es hablar de seguridad y democracia, porque si los individuos se sienten amenazados no se puede construir una ciudadanía sólida”.

Sin embargo, y a pesar de lo crispado, el debate sobre los problemas de seguridad en nuestro país, transita, salvo honrosas excepciones como el foro mencionado, por carriles superficiales.

 Si bien ha aumentado la intensidad, extensión y profundidad de la inquietud por los isuues referidos a la inseguridad personal y colectiva,   y todos los políticos se preocupan por dar cuenta de su preocupación, y algunos hasta lo transforman en ariete, para ganar elecciones, es bien pobre lo que podemos observar en materia de análisis y diseño de soluciones frente al avance real de la criminalidad o el miedo frente a la inseguridad.

Bueno es señalar que la problemática y la ineficiencia de las políticas públicas no son privativas de este rincón del continente, dice el sociólogo Philipe Robert, refiriéndose al entorno europeo: “La seguridad de las personas y de sus bienes se ha elevado al nivel de los problemas sociales sobre los que se discute sin saber muy bien como resolverlos, de manera que su exacerbación lo convierte en capital político para quien sepa manipularla. Uno acaba por preguntarse si el avión realmente lleva piloto o, dicho de otro modo, si existe realmente alguna política más allá del crecimiento continuo, pero poco eficaz, de unos medios puestos al servicio de unas prácticas inalterables, sin voluntad alguna de evaluar su efectividad”.

La falta de políticas públicas que superen las meras promesas de acabar con los criminales ya sea “cueste lo que cueste” o con la “aplicación irrestricta de la ley” ha creado un clima por el cual la inseguridad es vista, en gran medida, como un fenómeno natural irreversible. Igual nivel de impotencia exhiben las respuestas imbuidas de pensamiento mágico,  al que somos tan afectos los argentinos, según las cuales acabar con la criminalidad y la inseguridad ciudadana es sólo un asunto de decisión política, honestidad, coraje personal, en suma de tener ciertos atributos anatómicos bien ubicados.

En palabras del  doctor Alberto Binder, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y uno de los principales protagonistas de la reforma de la policía bonaerense que encabezó el ex ministro León Arslanián (como así también crítico del rol que jugó en la misma la dirigencia política y el sistema judicial) : “Tenemos que superar cierto primitivismo en la conceptualización del problema y evitar la naturalización del fenómeno del delito, descartar la idea de peste que habilita el pensamiento mágico y construye políticas de seguridad mesiánicas que tienden a reestablecer el orden”.

Otra falencia relevante está constituida por los vacíos y deficiencias que muestra la producción de información en relación a los fenómenos de criminalidad: los recursos son escasos, las reparticiones nacionales y provinciales   tienen un débil nivel de planificación y coordinación conjunta, los programas que se hicieron para generar un sistema nacional de información criminal no han logrado prosperar aún, pese a la urgencia proclamada por todos. Por otra parte, la información, ya sea que provenga de fuentes policiales o judiciales o nazca de fuentes autónomas o encuestas de victimización, tiene como lógica preponderante la de contar personas y casos.

El “fenómeno criminal” o criminalidad   no es una realidad natural sino que es el entrecruzamiento de fenómenos culturales (conflictividad) y políticas estatales (procesos de criminalización). Esta distinción es bastante usual en la criminología moderna, pero no ha calado aún en los que debaten los problemas de seguridad en todos los niveles, los formuladores de políticas y los operadores del sistema penal. De hecho no forma parte del sentido común de los dirigentes..

Muy poco es lo que sabemos del desarrollo de la conflictividad en nuestro país a nivel social. Y ese conocimiento es indispensable porque tras la construcción de todo delito siempre existe un conflicto que se pretende regular de un modo particular. Buena parte de los procesos de criminalización se hacen totalmente a ciegas frente a la conflictividad de base. Y esto es grave porque esa conflictividad de base existe aún en la criminalidad común que una mirada tradicional ve por fuera de ella. En esa mirada subsiste la idea de orden como paradigma elemental.. Según esta visión, toda conflictividad es un “desorden” y como tal un desequilibrio de la armonía social que debe ser restablecida.

Este paradigma del orden  está largamente enraizado en el pensamiento político occidental. Sea que se trate  del orden natural propio del pensamiento grecorromano, del orden teologal de la edad media o del orden racional del Humanismo y la Ilustración, el molde de una sociedad ordenada y estamental ha calado muy hondo en nuestra comprensión de los fenómenos sociales. Según este paradigma, el fenómeno criminal es un caso especialmente grave de desorden social o de desviación del equilibrio social.

La  consecuencia, obvia decirlo, es una política de seguridad de restablecimiento del orden que, en líneas generales, es la que tenemos. Esta ecuación encuentra en   su aparente simpleza tanto la razón de su fuerza como de su ineficacia.

Una sociedad se va friccionando y va construyendo la violencia. Nuestro país, que tiene una historia muy violenta, tiene también una historia de negación de los mecanismos que han producido su violencia. La identificamos nada más que en los picos. Si los niveles de conflictividad se dan de manera que la única forma de tener un mínimo de visibilidad es cortar las rutas, se está bastante cerca de ir aumentando los niveles clásicos de violencia. Cada época tiene una forma de violencia y una forma de interpretar la violencia. A veces, la violencia se vuelve visible recién cuando hay una forma de interpretarla, pero hace tiempo que está instalada.

La problema central no es sólo demostrar que la ilusión de la idea de orden es una imposibilidad fáctica en un proceso social siempre atravesado –y necesitado-   de conflictos sino que se trata, fundamentalmente, de señalar que la idea o la ilusión del orden no es una idea democrática y que ella, menos aún, sirve para fundar una interpretación del fenómeno criminal y de las políticas que crean y responden a ese fenómeno.

En primer lugar es evidente que la idea misma de orden, por su remisión a la naturaleza, a Dios o a la Razón, establece un principio absoluto que se sustrae al debate democrático y, en el plano histórico, ha significado un sector social que se autodefine con mejor capacidad para comprender los alcances y exigencias de ese orden, derivando necesariamente en una estructura estamental. Pero, por otra parte, y es el tema que más nos interesa,   la ilusión del orden ha fundado una visión esquemática, lineal y simplista del conjunto de fenómenos atrapados por las políticas de seguridad.

La idea de orden debería ser reemplazada por la idea de gestión de la conflictividad.  Esto no implica proponer una política permisiva de la criminalidad. Tampoco implica lo contrario.

Por ejemplo, el caso de las “barras” y su participación en actos violentos y criminales constituyen un fenómeno que debe “combatirse” con “mano dura” (…y así estamos). Desde el punto de vista de la gestión de la conflictividad no se dice “pobres muchachos son el resultado de su entorno” como una forma de evadir la gravedad y consecuencias de ese fenómeno. Lo que se dirá es que sin entender la clase, intensidad y características de la conflictividad que está en la base de ese fenómeno, sus funciones negativas y positivas y sus vínculos con otros tipos de conflictividad cercanas, poco es lo que se puede hacer en términos de una política eficiente. El “paradigma de gestión de los conflictos” no es una mirada débil sino una mirada de mayor complejidad que busca resolver problemas de fondo, con mayor conciencia. ¿Qué economista pensaría  acertado o serio, frente al fenómeno de la inflación, que un técnico, un ministro o un secretario de estado, simplemente golpeara sobre la mesa gritando que se evitará que los precios aumenten   (cualquier semejanza con la realidad es pura…). Una retórica de la “mano dura” frente a un fenómeno complejo como la inflación (que también tiene en su base una dimensión conflictual) le parecerá a los economistas una forma tonta y ciega, por decir poco, que puede tener efectos indeseables sobre el tratamiento del problema y sobre sus dimensiones subjetivas (aún, cuando pudiera calmar a un determinado sector social que tiene miedo del desmadre del proceso inflacionario). Sin embargo, por lo que vivimos, no suena tan mal esa misma retórica cuando se refiere a fenómenos tan o más complejos que la inflación misma.

La idea de orden está muy instalada en discusión de café, en un discurso alentado por los medios de difusión. Incluso no resulta extraño, en el devenir cotidiano, encontrar algún irresponsable que mencione con nostalgia el orden “con los milicos”. Para el que gobierna, una sociedad desordenada es molesta. Admitir la existencia del conflicto, pensar que la “democracia deber ser desordenada” es más difícil ,como señala Alberto Binder,   el “orden” no existe en términos sociales porque el conflicto es inherente a la complejidad de los seres humanos y de las sociedades que construye. Y, en consecuencia, la idea del orden se relaciona simplemente con el autoritarismo y el abuso de poder .

             Adriana Riss  ANL® 2007